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Certificado de discapacidad ante la sordera


¿Qué es el Certificado de Discapacidad? 

El certificado de discapacidad es un documento emitido por una Administración Pública, a través del cual se reconocen legalmente una serie de derechos para las personas que, por presentar alguna limitación en las actividades básicas de la vida diaria, cuentan con algún tipo de discapacidad. 

Según la Ley 51/2003, se considera legalmente la situación de discapacidad cuando se obtenga un grado igual o superior al 33%. 

Este grado se determina en función de un baremo estatal mediante el cual valoran las limitaciones de la persona, así como, factores sociales como el entorno familiar, situación laboral, educativa y cultural.  

¿Para qué sirve? 

Este certificado permite identificar a las personas con discapacidad, pero no con la intención de señalarlas o estigmatizarlas, sino que, pretende compensar las desventajas sociales que les rodean brindándoles acceso a derechos y prestaciones de distinto tipo (a nivel laboral, de vivienda, becas de educación, deducción de impuestos, etc.) con el objetivo de igualar las oportunidades, disminuyendo las barreras existentes en su entorno y trabajando de forma integral para alcanzar su plena participación en la sociedad. 

¿Cómo se determina la discapacidad auditiva? 

La discapacidad auditiva se determina mediante una prueba médica denominada audiometría tonal a través de la cual se analizan los decibelios que no alcanza a escuchar el oído.  

Para establecer el porcentaje que le corresponde a cada persona con hipoacusia se tiene en cuenta la capacidad auditiva de los dos oídos. Esto genera desigualdades en la baremación con respecto a otras pérdidas auditivas puesto que, si se tiene pérdida total de la audición de un oído y en el otro oído escucha con normalidad, el porcentaje otorgado será mucho más bajo y, en ocasiones, no alcanza ni para reconocer el porcentaje mínimo de discapacidad legal del 33%, limitando el acceso a los derechos que tienen reconocidos las personas con discapacidad. 

Pese a ello, personas con hipoacusia unilateral sufren diferentes alteraciones en la vida cotidiana que les impiden desenvolverse de manera normalizada. Por ejemplo, se les dificulta la comunicación en entornos con ruidos de fondo, pierden la capacidad para localizar el foco del sonido y pueden presentar limitaciones de comunicación en diversas situaciones sociales o laborales. 

Por ello, desde Funcasor, conjuntamente con otras organizaciones representativas del movimiento asociativo de las personas con sordera, se viene reivindicando lo siguiente:  

En primer lugar, la eliminación de la valoración biaural en los casos de hipoacusia unilateral, puesto que no hacerlo supone una valoración muy inferior de las pérdidas auditivas unilaterales con respecto a las bilaterales, teniendo en cuenta que ambas tienen repercusiones importantes en el día a día de las personas. 

En segundo lugar, la reducción de los plazos de resolución del certificado de discapacidad que, en la actualidad es de 6 meses, aunque en la práctica suele ser mucho mayor. 

Estos retrasos suponen serias repercusiones para las personas como, por ejemplo, imposibilidad de acceso a formación, pérdida de oportunidades laborales, imposibilidad de acceso a subvenciones para la adquisición de ayudas técnicas como pueden ser los audífonos… y, en definitiva, perpetúan la existencia de barreras para la participación en la sociedad.