Derechos humanos, discapacidad auditiva, recursos, administraciones.

Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, en conmemoración de la adopción, en 1948, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta fecha invita a reflexionar sobre un aspecto fundamental: ¿se están garantizando realmente estos derechos a las personas con sordera? Los Derechos Humanos son garantías esenciales inherentes a toda persona, reconocidas por el simple hecho de ser humana, y reflejan la dignidad y el valor de cada individuo. Están recogidos en la Constitución, en los tratados internacionales y en la legislación nacional, y se caracterizan por ser universales, interdependientes e indivisibles; es decir, que corresponden a todas las personas sin excepción y no pueden fragmentarse. Su protección se sustenta en principios básicos como la universalidad, la igualdad y la no discriminación, y todas las autoridades tienen la obligación de garantizarlos y hacerlos efectivos. No obstante, desde Funcasor nos preguntamos: ¿están las Administraciones Públicas cumpliendo realmente con estos principios en el caso de las personas con sordera? La respuesta, lamentablemente, sigue siendo clara: queda mucho camino por recorrer. Principales barreras detectadas 
  • Servicios públicos inaccesibles: Persisten las dificultades de comunicación por la falta de recursos tecnológicos y de personal capacitado. En ámbitos esenciales, como el sanitario, situaciones como el uso de mascarillas han agravado la incomunicación. 
  • Recursos educativos insuficientes: Aún son limitadas las adaptaciones y la formación específica del profesorado para atender las necesidades del alumnado con discapacidad auditiva. 
  • Carencias en el ámbito sanitario: Se mantienen las largas listas de espera, los seguimientos incompletos y las prestaciones limitadas para audífonos, que solo se financian hasta los 26 años. 
“Estos ejemplos evidencian que los derechos, libertades y seguridades no se alcanzan plenamente para las personas con sordera”, advierte Funcasor. Asimismo, la entidad recuerda el principio de progresividad, que obliga a los poderes públicos a avanzar de forma continua en la garantía de los derechos. Sin embargo, los avances siguen siendo demasiado lentos, afectando directamente la calidad de vida y las oportunidades de las personas con sordera. Por ello, Funcasor hace un llamamiento a las Administraciones Públicas para que refuercen su compromiso y promuevan políticas e iniciativas que garanticen una verdadera igualdad de oportunidades para las personas con sordera. Esta noticia ha sido elaborada en el marco del proyecto Atención Familiar VI, financiado por el Gobierno de Canarias, con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.