A pesar del aumento de denuncias, las mujeres con sordera siguen encontrando grandes obstáculos para denunciar y pedir ayuda, debido a la falta de accesibilidad en comisarías, centros sanitarios y servicios psicológicos. Muchas no pueden denunciar por la falta de formación en perspectiva de discapacidad y género entre el personal policial y judicial. Esta carencia perpetúa la violencia y la impunidad. El problema se agrava cuando se considera la diversidad dentro de la población con sordera: mientras que las mujeres signantes tropiezan con la falta de intérpretes de lengua de signos, las mujeres oralistas —que se comunican mediante la lengua oral— se enfrentan a la ausencia de personal capacitado para entenderlas y a la falta de recursos accesibles, como bucles de inducción magnéticos, subtítulos o textos claros. En muchos casos, el agresor es también su único canal de comunicación con el exterior. Esto impide que puedan pedir ayuda sin ser descubiertas o revictimizadas. Además, la información sobre sus derechos y los recursos disponibles suele ser inaccesible: vídeos sin subtítulos, textos complejos o sin apoyos visuales. 
Por ello, resulta prioritario reforzar los servicios diseñados específicamente para personas con sordera, como la Plataforma ALBA y SVIsual, un servicio de videointerpretación en lengua de signos disponible a través del 016, que ofrece información y asesoramiento sobre violencia de género en España.
También es fundamental contar con recursos adaptados y profesionales formados en discapacidad auditiva durante todo el proceso, desde la denuncia hasta la resolución judicial. Así como, deben adaptarse los materiales de los programas de formación y reinserción de agresores con sordera, tanto oralistas como signantes. Probablemente esta no sea solo la realidad de las mujeres con sordera, sino también la de muchas otras mujeres con discapacidad, que enfrentan agresiones por su condición y obstáculos similares para denunciar a sus agresores. Por ello, lo que se reclama es la puesta en marcha de políticas públicas inclusivas que erradiquen todas las formas de violencia machista, sin dejar a nadie atrás.
